DISTRIBUCIÓN O POBREZA

Por: Hugo Yasky - Sec. General de la CTA

La convocatoria al diálogo social se da en un momento en que se están haciendo sentir con más fuerza los efectos combinados de la crisis mundial y del cuello de botella del proceso de recuperación económica iniciado en el 2003.

Desde el mes de diciembre la CTA viene reclamando la necesidad de un blindaje social, que proteja el empleo y el salario de los trabajadores, que garantice una asignación familiar para todos los desocupados y no registrados, un seguro de desempleo que beneficie también a los que están en la informalidad y un aumento de emergencia de los haberes jubilatorios.

Desde entonces hasta ahora, se ha profundizado el deterioro de la situación social. El informe trimestral publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda) da cuenta de la disminución en el número de puestos de trabajo en la construcción y la industria manufacturera, los sectores que motorizaron la recuperación de la economía después de la crisis del año 2002.

Esto se profundizó como consecuencia de la caída del producto, de la producción industrial, de las exportaciones e importaciones y de la recaudación, en el marco de la crisis internacional.

Dicho escenario activó la inmediata reacción de los grupos empresarios que, haciendo borrón y cuenta nueva del mullido colchón de rentabilidad acumulado durante estos años, empezaron con los despidos preventivos, reducción de la jornada laboral, suspensiones y rescisión de contratos. Esta desmedida reacción tuvo como principal objetivo volver a instalar el miedo a la pérdida de la fuente de trabajo como forma de desalentar las demandas de recuperación salarial.

Desde esa posición de fuerza el lobby empresario de AEA, UIA y Mesa de Enlace promueve la suspensión de las paritarias, la devaluación de la moneda a niveles que le darían el golpe de gracia al ya erosionado ingreso de los trabajadores, la postergación de la convocatoria al Consejo del Salario y la eliminación de las políticas de retenciones.

En síntesis, pretenden limitar la agenda del debate social a un programa de ajuste, que produciría en tiempo record un retroceso a los peores niveles de pobreza y exclusión social ya padecidos a finales de los ’90.

El camino para los trabajadores y para la inmensa mayoría de los sectores populares, incluidos pequeños empresarios y productores rurales, es exactamente el contrario.

Debemos garantizar la revalorización de los salarios y la defensa del empleo como impulsores de la demanda y del mercado interno, que es necesario sostener en un escenario de crisis caracterizado por una recesión internacional sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.

Por eso en el Pacto Mundial para el Empleo aprobado en la última Conferencia Internacional de la OIT, con representación de trabajadores, empleadores y estados, se estableció el compromiso de generar acciones tendientes a proteger los puestos de trabajo y el nivel de los salarios, como única salida para evitar que la crisis la terminen pagando los trabajadores. Resulta contradictorio que algunos de los sectores empresarios que a nivel local promueven el ajuste en la OIT aprobaran dicho Pacto.

Desde la CTA sostenemos que el diálogo social tiene legitimidad en tanto y en cuanto garantice avanzar con medidas a favor de una justa distribución de la riqueza, que pongan el eje en la necesidad de terminar con la pobreza y la desigualdad social.

Para ello es necesario que, a pesar de la caída del empleo y de la recaudación, el Estado cuente con los recursos que sustenten la universalización de políticas sociales y la creación de empleos en la actividad pública y privada. Esto requiere cambios estructurales de fondo en el esquema tributario. Hacer que los que más tienen paguen más, avanzando con gravámenes sobre la actividad financiera y extendiendo las políticas de retenciones a los sectores mineros y petroleros. También hacen falta discutir políticas públicas que protejan nuestros recursos y pongan fin a la fuga de capitales.

Hoy ya queda claro que la crisis económica intenta ser utilizada por los factores de poder para detener el proceso de avance popular que se ha vivido en los últimos años en América latina. El golpe en Honduras se inscribe en esta realidad.

No podemos caer en la ingenuidad de olvidar que en estas condiciones el diálogo social es también un espacio de disputa entre los intereses de unos y de otros. Es imprescindible tener claro que lo que vamos a defender requiere la unidad y la capacidad de movilización de los trabajadores y los sectores populares.