La Río+20 reúne a jefes de Estado, ambientalistas y movimientos sociales en la Cumbre de los Pueblos. Dicha reunión corre el peligro de frustrar expectativas que a lo mejor no tenía, como punto de partida, compromisos asumidos en la Agenda 21 y acuerdos firmados en la Eco-92 y reiterados en la Conferencia de Johannesburgo en el 2010.
Hay una
verdadera conspiración entre bastidores para que, en la Rio+20, se dejen
a un lado los principios del desarrollo sustentable y los Objetivos del
Milenio e imponer las nuevas tesis de la "economía verde”, sofisma
usado para encubrir la privatización de los recursos naturales, como el
agua, y la mercantilización de la naturaleza.
El enfoque de los
trabajos debería estar centrado no en los derechos del capital sino en
la urgencia de definir instrumentos normativos internacionales que
aseguren la defensa de los derechos universales de los casi 7 mil
millones de habitantes del planeta y la preservación ambiental.
Corresponde
a los gobiernos reunidos en Rio priorizar los derechos de
sustentabilidad, bienestar y progreso de la sociedad, entendidos como
deber de garantizar a todos los ciudadanos los servicios esenciales para
una mayor calidad de vida. Se hace necesario modificar los indicadores
del desarrollo, teniendo en cuenta los costos ambientales, la equidad
social y el desarrollo humano (IDH).
La humanidad no tendrá futuro
si no cambian los modelos de producción, consumo y distribución de la
riqueza. El actual paradigma capitalista, de acumulación creciente de
riqueza y de producir en función del mercado y no de las necesidades
sociales, nunca erradicará la miseria, la desigualdad y la destrucción
del medio ambiente. Cambiar a tecnologías no contaminantes y a fuentes
de energía alternativas a la fósil y a la nuclear es un imperativo
prioritario. Nada más cínico que las propuestas ‘limpias’ de los países
ricos del hemisferio norte, que se empeñan en culpabilizar a los países
del hemisferio sur por la degradación ambiental, en un esfuerzo por
ocultar su responsabilidad histórica en las actividades de sus
transnacionales en países emergentes y pobres. Hay que desconfiar de
todas las patentes y marcas llamadas ‘verdes’, pues aquí se oculta un
nuevo mecanismo para reafirmar la dominación globocolonialista.
La
hora actual requiere una convención mundial para el control de las
nuevas tecnologías, basada en los principios de precaución y de
evaluación participativa. Urge denunciar la programada caducidad, de
modo que se pueda disponer de tecnologías que aseguren el máximo de vida
útil a los productos y beneficien su reciclaje, con miras a la
satisfacción de las necesidades humanas con el menor costo ambiental.
A
la Rio+20 se le plantea también el desafío de condenar el control del
comercio mundial por las empresas transnacionales y el papel de la OMC
(Organización Mundial del Comercio) en la imposición de acuerdos que
legitiman la desigualdad y la exclusión social, impidiendo el ejercicio
de políticas soberanas. Tenemos derecho a un comercio internacional más
justo y en consonancia con la preservación ambiental.
Sin medidas
concretas para frenar la volatilidad de los precios de los alimentos y
la especulación en los mercados de productos básicos no habrá
erradicación del hambre y de la pobreza, como prevén, hasta el 2015, los
Objetivos del Milenio. Debido a la crisis financiera, una parte
considerable del capital especulativo se dirige ahora hacia la compra de
tierras en países del sur, fomentando proyectos de explotación de
recursos naturales perjudiciales para el medio ambiente y para el
equilibrio de los ecosistemas.
La Rio+20 daría un paso importante
si admitiera que hoy por hoy las mayores amenazas para la preservación
de la especie humana y de la naturaleza son las guerras, la carrera
armamentista y las políticas neocolonialistas. El uso de la energía
nuclear, sea para fines pacíficos o bélicos, debiera ser considerado un
crimen de lesa humanidad.
Participaré en la Cúpula de los Pueblos
para reforzar la propuesta de mayor control de la publicidad comercial,
de la incitación al consumismo desmedido, de la creación de falsas
necesidades, especialmente cuando van dirigidas a niños y jóvenes. La
educación y la ciencia deben de estar al servicio del desarrollo humano y
no del mercado. Una nueva ética del consumo debe rechazar productos
derivados de prácticas ecológicamente agresivas, del trabajo esclavo y
de otras formas de explotación.
En fin, debiera hacerse una
evaluación completa del sistema actual del manejo ambiental, que se ha
demostrado incapaz de frenar la catástrofe ecológica. Un nuevo sistema,
democrático y participativo, debe atacar las causas profundas de la
crisis y ser capaz de plantear soluciones reales que hagan de la Tierra
un hogar acogedor para las generaciones futuras.
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