Frei Betto, escritor y asesor de movimientos sociales.
Por Frei Betto / Fuente: http://www.adital.com.br
¿Usted
compraría güisqui o un bolso Louis Vuitton contrabandeados del
Paraguay? Seguro que desconfiaría de su calidad. Pues eso vale también
para la "nueva democracia” impuesta por el golpe que derribó al
presidente Fernando Lugo.
El país fue gobernado durante 61 años
por el Partido Colorado, al que pertenecía el general Stroessner, y al
que está afiliado también el actual presidente golpista, Federico
Franco. Después de 35 años bajo la dictadura de Stroessner el pueblo
paraguayo eligió a Lugo presidente en abril del 2008. Estaba yo en
Asunción y lo acompañé a votar. Había esperanza de que el país,
rescatado para la democracia, habría de reducir la desigualdad social.
El
nuevo gobierno se volvió vulnerable al no cumplir importantes promesas
de campaña, como la reforma agraria, y distanciarse de los movimientos
sociales. El 20% de los propietarios rurales del país son dueños del 80%
de las tierras. Hay que incluir en la cuota a los "brasilguayos”,
terratenientes que expulsaron a pequeños agricultores de sus tierras
para expandir allí sus latifundios.
Falló después al aprobar la
ley antiterrorista y la militarización del norte del país,
desarticulando los liderazgos de campesinos y criminalizando a los
movimientos sociales. Tampoco supo depurar el aparato policial, herencia
maldita de Stroessner.
En juicio sumario, el 22 de junio el
Congreso destituyó a Lugo, sin permitirle un amplio derecho de defensa.
Es el llamado "golpe constitucional”, adoptado por los EE.UU. en
Honduras, y ahora en el Paraguay. A la Casa Blanca le preocupa el
progresivo número de países latinoamericanos gobernados por líderes
identificados con los anhelos populares e incómodos para los intereses
de la oligarquía.
Al contrario de Zelaya en Honduras, Lugo ni
siquiera pensó, al ser apartado, en convocar a los movimientos sociales
para presentar resistencia, aunque contase con la solidaridad unánime de
los gobiernos de la UNASUL.
Es el segundo sacerdote católico
elegido presidente de un país en el continente americano. El primero fue
Jean-Bertrand Aristide, que gobernó Haití en 1991, de 1994 a 1996, y
del 2000 al 2004. Ambos decepcionaron a sus bases de apoyo. No supieron
llevar a la práctica el discurso de la "opción por los pobres”.
Dubitativos delante de las élites, a las que hicieron importantes
concesiones, no confiaron en las organizaciones populares.
Los
obispos paraguayos apoyaron la destitución de Lugo. Y el Vaticano los
respaldó. Lo cual no sorprende a quien conoce la historia de la Iglesia
Católica del Paraguay y su complicidad con la dictadura de Stroessner,
cuando los campesinos eran masacrados y los opositores políticos
torturados, exiliados y asesinados.
La lógica institucional de la
Iglesia Católica juzga como positivo a un gobierno que la favorezca, y
no que favorezca al pueblo. Exactamente lo contrario de lo que enseña el
Evangelio, para el cual el derecho de los pobres es el criterio
prioritario al evaluar cualquier ejercicio de poder.
La caída de
Zelaya y de Lugo demuestra que la política intervencionista de los
EE.UU. continúa. Ahora con una nueva modalidad: valiéndose de artimañas
legales para promover juicios sumarios. Aunque la última tentativa de
golpe, en el 2002, al presidente Chaves, de Venezuela, no dio resultado.
Al contrario, toda la América Latina reaccionó en defensa de la
legalidad y la democracia.
De todo esto les queda una importante
lección a los gobiernos progresistas de Brasil, Argentina, Venezuela,
Uruguay, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y a los vacilantes como El
Salvador y Perú. Elección no es revolución. Cambian los dirigentes pero
no la naturaleza del poder ni el carácter del Estado. Ni suprime la
lucha de clases. Por tanto hay que asegurar la gobernabilidad en el
torbellino de esa paradoja. ¿Cómo hacerlo?
Hay dos caminos: a
través de alianzas y concesiones a las fuerzas oligárquicas o mediante
la movilización de los movimientos sociales y la implantación de
políticas que se traduzcan en cambios estructurales.
La primera
opción es más seductora para el elegido, aunque más fácil de quedar
vulnerable a la "mosca azul” y acabar cooptado por las mismas fuerzas
políticas y económicas anteriormente identificadas como enemigas. La
segunda vía es más estrecha y ardua, pero presenta la ventaja de
democratizar el poder y convertir a los movimientos sociales en sujetos
políticos.
La primavera democrática en que vive América Latina
puede transformarse dentro de poco en un largo invierno, en caso de que
los gobiernos progresistas y sus instituciones como UNASUL, MERCOSUL y
ALBA no se convenzan de que fuera del pueblo movilizado y organizado no
hay salvación.
Traducción de J.L.Burguet
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